Responsabilidad del Presidente de la República en Materia de Amparo

Artículo publicado en la revista Lex, año II, No. 8, UNAM, julio 1987.

Por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

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En nuestro sistema jurídico, el amparo es la garantía máxima que tiene el gobernado de que la autoridad no se exceda, en su perjuicio, de las facultades que le otorga la Constitución. Acorde a esto, la Constitución y la Ley de Amparo prevén un mecanismo para evitar que la autoridad burle el cumplimiento de las sentencias que concedan el amparo al quejoso. Dentro de dicho mecanismo reviste especial interés la fracción XVI del artículo 107 Constitucional que establece: “Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda”.

Así surge la pregunta: ¿Puede la Suprema Corte de Justicia, con apoyo en el numeral aludido, destituir al Presidente de la República cuando se niega a cumplir en sus términos una sentencia de amparo?

Aunque podría contestarse, sin mayor reflexión, negativamente, atendiendo a que el artículo 108 Constitucional establece que el Presidente de la República durante el tiempo de su encargo solamente es responsable por traición a la Patria y delitos graves del orden común, lo cierto es que la cuestión en comento merece un análisis más cuidadoso.

Podría sostenerse que el Presidente de la República sí puede ser destituido por violación de una sentencia de amparo, en vista de los siguientes argumentos:

a) El artículo 108 pertenece al título cuarto de la Constitución, que regula las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos, específicamente, la política, la penal y la administrativa (para algunos autores también la civil). El artículo 107 estructura la institución del juicio de amparo y establece las sanciones que deben aplicarse a dicha materia. Luego entonces, debe aplicarse en el caso que nos ocupa este último numeral, que es la norma especial que lo regula.

b) La referida fracción XVI del artículo 107 de la Constitución no distingue qué autoridades están sujetas a lo previsto por ella. Ha de aplicarse, en tal virtud, el principio jurídico que establece que donde la Ley no distingue no se debe distinguir. De tal manera, no hay razón para excluir al Presidente de la República.

c) El artículo 108 establece que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común. En la especie, no se trata de una acusación, sino de separación del cargo, fundamentada en la propia Constitución.

A pesar de los razonamientos anteriores, en nuestra opinión no es factible destituir al Presidente de la República con apoyo en la multicitada fracción XVI del artículo 107 Constitucional, a saber:

a) El artículo 103 de la constitución de 1857 establecía que, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República sólo podría ser acusado por los delitos de traición a la Patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del Orden Común.

En el seno constituyente de Querétaro, la comisión formada por Paulino Machorro Narváez, Heriberto Jara, Hilario Medina y Arturo Méndez, en la sesión de 18 de enero de 1917, presentó un dictamen que modificaba el proyecto de Carranza, estableciendo que el Presidente de la República durante el tiempo de su encargo, sólo podría ser juzgado por traición del Patria y delitos graves del orden común; considerando que la “estabilidad del Poder Ejecutivo exige que solamente por delitos de carácter muy grave pueda ser juzgado durante el periodo de su encargo”. Excluyendo la responsabilidad por violaciones expresas a la Constitución.

Al defender el dictamen los diputados Lizardi y Ugarte establecieron que de aceptar la responsabilidad del Presidente por violaciones a la Constitución, se aceptaría la intromisión de los otros poderes en el Ejecutivo, dado que éste último se deposita en una sola persona. Se dijo que en virtud de la institución del refrendo, el Secretario correspondiente sería responsable en el caso de las violaciones aludidas. El artículo fue aprobado por 101 votos a favor y 51 en contra.

De lo anterior se desprende que la intención expresa de los Constituyentes fue en el sentido de no proceder en contra del Presidente de la República sino en los casos limitativamente señalados en el artículo 108. Es evidente que en la hipótesis de la fracción XVI del artículo 107 estamos en un caso de violación expresa a la constitución, no aceptada como susceptible de responsabilizar al Presidente por el Constituyente de 1917. Y aunque la citada fracción no distingue que autoridades pueden ser destituidas, podemos afirmar válidamente que existe una norma de excepción (artículo 108) que tajantemente excluye al Presidente de la República de cualquier otro tipo de responsabilidad no incluida en dicha norma.

b) Es falso que la hipótesis del artículo 107 en la fracción que venimos refiriendo no entrañe una acusación en el sentido que de dicho término contiene el 108 Constitucional.

En efecto, como se desprende la simple lectura del primero de los numerales citados, la autoridad será separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. De conformidad con los artículos 108 y 109 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para separar de su cargo a la autoridad responsable y consignarla al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal, pero si la autoridad responsable “gozare de fuero constitucional” declarará que es el caso de aplicar la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal; y con esta declaración pedirá a quien corresponda el desafuero (hoy declaratoria de procedencia) de la expresada autoridad. De tal suerte que la Suprema Corte no está facultada para destituir per se a los servidores públicos sujetos a declaratoria de procedencia, siendo lógico que esta última debe sujetarse a las reglas establecidas en el título cuarto del código fundamental. En el caso del Presidente de la República, éste no puede ser objeto de una declaratoria de procedencia (y por tanto, no es factible que sea consignado a un Juez de Distrito) sino que únicamente puede ser acusado ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 Constitucional, según los establece el 111 del Código Político, por traición a la Patria y delitos graves del orden común.

Por otra parte, el efecto de la consignación de la autoridad responsable es, según el artículo 208 de la Ley de Amparo, que esta sea juzgada por un delito que se equipara al de abuso de autoridad. De tal suerte que, de aceptar la tesis contraria, se juzgaría al Presidente de la República por faltas diferentes a las que taxativamente establece el artículo 108 Constitucional.

Así las cosas, el Presidente de la República no puede ser inculpado en el caso de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución. Nuestro sistema constitucional parte del supuesto del recíproco respeto entre los Poderes de la Unión. El presidente de la República como máximo dirigente nacional debe respetar la Constitución, se confía en que el nombramiento recaiga en una persona sensata y digna. El Poder Judicial Federal carece de fuerza material para hacer efectivas sus determinaciones, pero cuenta con autoridad moral, la cual puede tener un peso específico en sociedades en donde la opinión pública reviste gran influencia y la cultura cívica de los ciudadanos es garantía del Estado de Derecho. Basta recordar el caso Watergate en los Estados Unidos de América.

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