Breves notas sobre la naturaleza de la interpretación constitucional

Artículo publicado en Estudios jurídicos en homenaje a Manuel Herrera y Lasso, Escuela Libre de Derecho, 1991.

Por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

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I. Introducción

La justicia constitucional es el gran tema del Derecho Constitucional en el presente siglo. Con razón ha afirmado el profesor italiano Mauro Cappelletti que la justicia constitucional es “la vida, la realidad y el porvenir de las Cartas Constitucionales de nuestra época”. La jurisdicción constitucional es el instrumento por medio del cual se logra que los detentadores del poder público ajusten sus actos a la Constitución. Pero aún más, la moderna justicia constitucional mantiene vivo el texto de la Constitución en dos sentidos: actualiza el texto constitucional a las cambiantes circunstancias políticas y sociales y, realiza los valores contenidos en las normas constitucionales, en ocasiones como meros principios o programas[1].

Esta función tan importante, que realiza el juez constitucional, como resulta obvio, la lleva a cabo a través de un proceso de interpretación de la Constitución; Por ello, el profesor Rubio Llorente ha podido afirmar que “La teoría de la interpretación es hoy el núcleo central de la teoría de la Constitución… en la medida en que el Estado contemporáneo es precisamente Estado Constitucional, el problema de la interpretación es también el problema central de la Teoría del Estado e incluso… en alguna medida de la Teoría del Derecho”[2].

Esta actividad del juez constitucional se aleja del esquema tradicional, derivado de la Revolución Francesa, merced al cual el juez es un mero aplicador automático de la Ley, un simple servidor de ella. Por el contrario, el juez constitucional no sólo no se convierte en un siervo sin voluntad que ejecuta la Ley, sino que, incluso, puede juzgar al legislador ordinario en cuanto a silos actos de éste se ajustan o no a la Norma Fundamental, en este sentido, hemos de aceptar que los tribunales modernos, sobre todo los que realizan esta función controladora de la Constitución, ejecutan una función política en sentido técnico, es decir, en el sentido de participación en la toma de decisiones esenciales de los órganos supremos del Estado[3].

Sin embargo, surge la pregunta: ¿El hecho de que los tribunales por medio de esta actividad controladora participen en la formación de la voluntad del Estado los convierte en órganos políticos que usurpan funciones legislativas so pretexto de decir el Derecho?; he aquí el gran dilema de la justicia constitucional. Y este dilema nos coloca necesariamente ante la interpretación constitucional. ¿Es la interpretación constitucional que realizan los tribunales constitucionales de naturaleza jurídica o política? De la respuesta que demos a esta cuestión, dependerá, en gran medida, su justificación jurídica y, necesariamente, su legitimidad. La interpretación constitucional no será política en atención al carácter de los problemas que resuelve. Tampoco podrá ser juzgada como política, en el sentido de usurpadora de funciones que no le corresponden, atendiendo a la naturaleza de las normas que interpreta. La esencia de la polémica está en determinar el método por medio del cual se realiza la interpretación constitucional[4]. Si el método utilizado resiste un análisis riguroso técnico-jurídico entonces la justicia constitucional estará debidamente legitimada y justificada. Si esto no es así, difícilmente podrá encontrarse una justificación suficientemente válida, para otorgar la determinación de las palabras del constituyente a unos cuantos jueces, por encima de un parlamento u órgano legislativo.

Desde luego, la problemática de la interpretación constitucional excede, en mucho, el punto arriba indicado, el cual, por lo demás, nos parece el núcleo central de cualquier discusión al respecto. Sería imposible en un trabajo de estas dimensiones hacer un análisis, así sea superficial, de los diversos aspectos que conforman la interpretación constitucional. Incluso, el sólo punto de determinar la naturaleza de la interpretación constitucional que realizan los tribunales requiere un análisis de mayor envergadura del que ahora realizamos. Más que dar soluciones, nuestra intención es señalar una problemática vigente y apasionante en el Derecho Constitucional contemporáneo, la cual, por lo demás, ha recibido poca atención en nuestro medio. Los clásicos métodos de interpretación jurídica, que consagran como método interpretativo principal, si no es que único, el gramatical, superados en el mundo contemporáneo, parecen seguir siendo la premisa común entre nosotros. Sin embargo, no es exagerado pronosticar que los cambios políticos, sociales y económicos que vive nuestro país traerán, en breve, conflictos constitucionales de gran importancia, que nuestros tribunales federales tendrán que resolver a la luz de nuevos criterios interpretativos.

II. La Constitución como norma jurídica.

Antes de proseguir, hemos de reconocer el carácter de la Constitución como norma jurídica. Esta afirmación, que hoy puede parecernos obvia, no está de más; puesto que solamente si reconocemos que la Constitución tiene carácter jurídico, puede ser objeto de un análisis de interpretación jurídica. Si la Constitución no es Derecho, sino únicamente decisión, programa o ideal, ésta no es susceptible de judicializarce. En este sentido, la justicia constitucional supone, necesariamente, la existencia y aceptación de ésta como norma jurídica. Recordemos que en la Europa del siglo XIX y de principios del XX se negó el carácter de auténtica norma jurídica, como Lex Superior a la Constitución. Sus preceptos se consideraban simples principios de valor político, que servían de orientación al ordenamiento jurídico y adquirían el rango de auténticas normas jurídicas cuando eran desarrollados por la legislación ordinaria[5].

Afirmar que la Constitución es, ante todo, norma jurídica, no implica, como expusimos en otra ocasión[6], eliminar del concepto Constitución su innegable carga política o sociológica. Por el contrario, significa que con el advenimiento del constitucionalismo se pretende, precisamente, que los problemas de poder se disuelvan en una norma jurídica y se resuelvan a través del Derecho. Aspiración ésta nunca alcanzada por completo, mas nunca abandonada. Aún las prácticas o costumbres contrarias a la Constitución escrita (que no a la positiva), tienen significado jurídico y su problemática una resolución mediante la dogmática jurídico-constitucional[7]

La Constitución escrita se convierte, en palabras de Kelsen, en el supuesto último, el postulado formal del que depende la validez de todas las normas de un sistema jurídico[8]. Además de esta función jurídica de naturaleza lógico-formal, las constituciones contemporáneas pretenden garantizar una serie de valores políticos y sociales, así como los derechos fundamentales de los gobernados frente al poder público, dotándolos de supremacía y rigidez.

En los orígenes del constitucionalismo moderno se consideró que la simple consagración de los derechos fundamentales y de los límites a los titulares de los órganos del Estado eran suficientes para garantizar su respeto. Desgraciadamente, la experiencia histórica ha demostrado lo contrario. Es necesario, entonces, establecer instrumentos que obliguen a los detentadores del poder público a ceñirse a lo mandado por la Constitución. Sin hipérbole se ha dicho que, ante la ausencia de dichas garantías controladores, una Constitución no es plenamente obligatoria en su sentido técnico[9].

Se considera que la estructuración científica de la justicia constitucional, se inicia con la clásica obra de Carl Schmitt, Der Huter der Verfassung[10], publicada en Alemania en el año de 1931, y traducida al español por Manuel Sánchez Sarto, en el mismo año, bajo el título La Defensa de la Constitución[11], que, como es sabido, provocó enérgia y brillante respuesta de Hans Kelsen a través de su estudio Wer sollder Hutder der Verfassung sein? (¿Quién debe ser el protector de la Constitución?)[12]. Integrándose con ello, la clásica disputa sobre si el control de la constitucionalidad debe reservarse a órganos de carácter político o jurisdiccional, controversia que, por lo demás, sigue hasta nuestros días[13].

Aceptar que la Constitución es norma jurídica, no quiere decir que sea un ordenamiento jurídico estático, con mero valor nominal, alejado de la realidad que pretende regular. Debemos tener presente que la Constitución busca representar una realidad política existente; en palabras de Lasalle, establecer “la suma de los factores reales de poder”[14], es decir la representación fiel de las relaciones políticas y sociales existentes en un momento histórico determinado. Así las cosas, la Constitución es un ordenamiento dinámico y vivo, no es algo hecho sino algo que se hace todos los días. En este sentido, es válido sostener con Pedro de Vega[15], que ante la crisis del concepto de constitución la justicia constitucional surge como el moderno e indiscutible guardián de la Constitución, ya no sólo como un vigilante del cumplimiento de la Ley, sino, además, como el vigilante y el encargado de hacer cumplir a los órganos del Estado y a los ciudadanos, el orden fundamental de los valores ínsitos en la Constitución[16].

III. Naturaleza de la interpretación constitucional.

Antes de referirnos al problema específico de la interpretación constitucional, debemos aceptar que la interpretación jurídica en general, es algo más de lo que se pensó originalmente. Toda interpretación es, en cierta medida, un acto de aplicación y de creación del Derecho. “Tanto al establecer la presencia de los supuestos como al estipular la sanción, afirma Kelsen, la decisión judicial tiene un carácter constitutivo”[17].

Por otro lado, debemos aceptar que, como sucede en el Derecho Constitucional, en materia civil o administrativa, los tribunales también tienen que llenar de contenido continentes vagos o abstractos, a través de los llamados conceptos válvula o conceptos jurídicos indeterminados[18]. Conceptos éstos que, por lo demás, no admiten una sola solución correcta sino que, dentro de ciertos límites, otorgan una función discrecional al órgano juzgador para dotar de contenido el continente llamado concepto jurídico indeterminado[19].

Si al parecer los rasgos que juzgamos como novedosos de la interpretación constitucional se encuentran en toda interpretación jurídica moderna, ¿en qué radica, si es que existe, la distinción entre aquélla y éstas, que ha levantado tal preocupación en los constitucionalistas de nuestro tiempo? De manera enunciativa, podemos encontrar las siguientes peculiaridades de la interpretación constitucional, a saber:

a) Los conceptos jurídicos indeterminados constitucionales son más amplios, generales y vagos que los conceptos jurídicos indeterminados en otras materias. En ocasiones, son  verdaderos programas políticos. Las cláusulas abiertas constitucionales contienen los valores políticos supremos del Estado de que se trate.

b) En  razón a la supremacía constitucional. La interpretación constitucional establece lo que dice la Norma Suprema del Estado. La Constitución, como es sabido, es el presupuesto último de validez de las normas jurídicas que pertenecen a un sistema jurídico determinado. Además, cualitativamente, las normas constitucionales tienen que ver con la organización política del Estado y los derechos oponibles a los órganos de éste.

c) La interpretación constitucional no puede ser referida a una instancia jurídica jerárquicamente superior para su confirmación o revocación. Los criterios que de ellas emanan no pueden ser extraídos de otro ordenamiento jurídico más alto que aquél que se interpreta. Es obvio, que este fenómeno no ocurre en tratándose de otro tipo de normas jurídicas. Aún con el sorprendente desarrollo del derecho comunitario europeo, esta idea sigue siendo, en gran medida, correcta.

d) La interpretación civil o administrativa es una interpretación sub legem. Por el contrario, la interpretación constitucional juzga la Ley a la luz de la Constitución. Pero aún más, la interpretación constitucional dota de sentido específico a la norma constitucional, es decir, al presupuesto último de validez de todo el orden jurídico. En este sentido, la frase por demás conocida de Charles Evans Hughes: “vivimos bajo una Constitución; más la Constitución es lo que los jueces dicen que es”.

Sentadas estas someras diferencias, debemos retomar el punto medular de nuestra exposición: ¿es, la interpretación constitucional, una actividad política o jurídica?

Para sostener lo primero, se afirma que la interpretación constitucional, específicamente la que realizan los jueces constitucionales, es una actividad eminentemente política porque dota de sentido, más allá del contenido de las palabras, a la obra política por excelencia, es decir, la Constitución. En este sentido, se afirma, si el objeto de la interpretación constitucional es político, resulta obvio que la función disfrazada como jurisprudencia es sin más una función política.

Se sostiene, además, que los problemas constitucionales son problemas de poder[20], no susceptibles de judicializarse.

En tercer lugar, se dice que la actividad de los jueces constituciones es política, en atención a las consecuencias derivadas de sus resoluciones.

Si bien, las razones anteriores no son sufientes para restar per se el carácter rigurosamente jurídico de la interpretación constitucional, no podemos desconocer la trascendencia política de la actividad de los jueces constitucionales. Si la Constitución establece una serie de normas jurídicas que regulan la organización política del Estado, convenimos con Wroblewski que, “quien controle esta interpretación controlará el significado de las reglas legales, es decir, controlará lo que funciona como Derecho”[21], lo cual reviste una innegable carga política.

Tales afirmaciones, con ser ciertas, no determinan, en un análisis cuidadoso de la interpretación constitucional, su clasificación como función política, entendida como el ejercicio del poder a través del método de la ciencia política. Veamos cómo funciona la interpretación constitucional.

La interpretación constitucional es, como se ha venido sosteniendo, creativa, por lo menos, en dos sentidos: actualiza el texto constitucional a las dinámicas circunstancias políticas y sociales y, realiza los valores y principios contenidos en la constitución.

Lo característico de la interpretación que realiza el juez constitucional es que ésta se realiza a través de un método jurídico. Puesto que los diferentes aspectos que conforman el fenómeno constitucional, no implican que la Constitución sea incapaz de un tratamiento jurídico autónomo[22]. Es bien conocida la afirmación de Otto Bachoff de que el carácter político de un acto no excluye un conocimiento jurídico del mismo, ni el resultado político de dicho conocimiento le despoja de su carácter jurídico[23]. La jurisdicción sobre materia política no se confunde con la jurisdicción política, en el sentido de jurisdicción que sigue el método de la decisión política[24].  Siguiendo al profesor García de Enterría, podemos decir que si reconocemos a la Constitución su carácter de norma jurídica, la eficacia de la esfera de actuación de los órganos del Estado establecida, deliberadamente, en dicha norma jurídica, puede y debe ser asegurada jurisdiccionalmente [25]. En efecto, es cierto, como afirma el distinguido jurista español, “El Tribunal (constitucional) decide conflictos políticos, pero lo característico es que la resolución de los mismos se hace por criterios y métodos jurídicos” [26].

Lo anterior es de primordial importancia. A través de la observación de un estricto método jurídico, el tribunal constitucional se justifica y se legitima frente a la sociedad. En qué consiste éste método; cuáles han sido los criterios interpretativos que han desarrollado los tribunales controladores de la constitucionalidad al través del tiempo; cuál es el estadio actual de este punto tan transcendente, a grado tal que se llega a afirmar que “la interpretación de la Constitución ha pasado a ser el problema capital del judicial review en Norteamérica. Todos o casi todos han olvidado ya el origen del poder y discuten su otra variante: el método…”[27]. Todos estos son aspectos por demás interesantes y complejos de la interpretación constitucional, cuyo análisis excede las modestas intenciones de este breve ensayo [28]. De cualquier manera, ha de reconocerse que los métodos interpretativos los proporciona la cultura jurídica de la sociedad donde se aplica el ordenamiento. Son formas de entender y vivir el derecho, y todo intento de petrificarlas o agotarlas está llamado al fracaso[29].

Para los efectos que nos hemos planteado, solamente requerimos establecer que, si bien a través de la justicia constitucional el juez ejerce, en palabras de Cappelletti, la actuación constitucional [30], y, en tal sentido, está dotado de los poderes necesarios para aplicar los principios y valores queridos por el constituyente, en atención al principio que establece que donde el fin es necesario son necesarios los medios también, y que, consecuentemente, el juez constitucional cuando interpreta la Constitución debe integrar la norma a la luz de los valores políticos objetivamente deducibles de ella[31]. Todo ello es acorde a un método jurídico integral que establece como luz que ilumina todo proceso de interpretación, una facultad discrecional del juez vinculada a un fin, es decir, la interpretación teleológica está presente en todo momento.

Así, el método teleológico deja de ser un método subsidiario, para convertirse en el principal de todos. En la interpretación constitucional aparece, desde un principio, el fin como objeto querido por la justicia constitucional. Utilícese el método gramatical, histórico y lógico-sistemático, pero siempre en razón del fin extraído de la Norma Fundamental. Tales fines son necesarios; en consecuencia, la justicia constitucional que los establece lo es también.

Diversas explicaciones se han pretendido dar para explicar la forma como los tribunales constitucionales extraen los valores contenidos en las normas fundamentales, sin traicionar el método jurídico y con absoluto rigor científico. Así, tenemos los principios generales y neutrales de Wechsler[32]; los conceptos de core y de zona penumbra de Hart[33], correspondiente a la zona de certeza y zona de incertidumbre de los conceptos jurídicos indeterminados en la doctrina alemana; así como la distinción entre conceptos y concepciones de Dworkin,[34], entre otros. Cada uno de estos análisis merecen un estudios en particular. Bástenos por el momento afirmar, que si bien el juez está facultado para extraer los valores y principios contenidos en la Constitución, debe hacerlo siempre a través de un método jurídico que justifique la decisión. En este sentido, la Constitución debe contener siempre la regla (supuestos de hecho y consecuencias); a través de dicha regla es viable que el juez extraiga el contenido de valor. Por el contrario, ante la ausencia de regla, el juez no puede aplicar valor alguno, puesto que, en tal hipótesis, se convertiría en constituyente. No desconocemos que este punto así planteado implica un estudio profundo y complejo. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que pocas veces los tribunales, específicamente la Suprema Corte de los Estados Unidos de América y los tribunales constitucionales europeos, han extraídos en ausencia de regla el valor.

De cualquier manera, debe reconocerse que el único límite y control eficaz que ha funcionado, a efecto de lograr que los jueces constitucionales cumplan con un método jurídico suficientemente razonado, es el peso de la opinión pública. En efecto, cuando todas las resoluciones de los tribunales constitucionales son de inmediato ampliamente discutidas por la doctrina, los litigantes y la opinión pública en general, esta opinión pública y esta constante vigilancia en el actuar de los jueces constitucionales, constituye la garantía de que éstos habrán de cumplir su función, apegándose a las normas de cultura que en un momento histórico determinado considera como valiosas el pueblo del Estado. He aquí la importancia de que la motivación de la sentencia sea suficientemente explícita y clara. Aquí también la trascendencia de publicitar los votos particulares de los jueces disidentes. En última instancia, sea cual fuera el método jurídico que en específico adopte el tribunal para resolver un caso en concreto, convenimos con Wroblewski, en que la interpretación constitucional debe presentarse como una decisión interpretativa apropiadamente justificada[35].


[1] Cfr. Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo F.: Por un Poder Judicial más  Influyente en la Voluntad del Estado; en Ideas sobre la Suprema Corte; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Excélsior, México, 1990.

[2] Prólogo al libro de Enrique Alonso García: La Interpretación de la Constiución; Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, p. XVII.

[3] Fix-Zamudio, Héctor: Los Problemas Contemporáneos del Poder Judicial; Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1986. p.3.

[4] Cfr. Alonso García, Enrique: La interpretación de la Constitución; cit, p. 9.

[5] Cfr. De Vega, Pedro: “De la Constitución y su Defensa: Algunas Peculiaridades de Ordenamiento Constitucional Español”; en La Constitución y su Defensa, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984, p. 215.

[6] Cfr. “La Defensa de la Constitución en Manuel Herrera y Lasso”, en prensa, Universidad Autónoma Metropolitana.

[7] Al respecto vid. Orozco Henríquez, José de Jesús: El Derecho Constitucional Consuetudinario; primera edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983; Tamayo y Salmorán, Rolando; Introducción al Estudio de la Constitución; segunda edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1986, pp. 303-330, Biscaretti Di Ruffia, Paolo: Derecho Constitucional; traducción y prólogo de Pablo Lucas Verdú, tercera edición Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1987, pp. 147-151; Bidart Campos, Germán J.: Filosofía del Derecho Constitucional; Ediar, Buenos Aires, 1969, pp. 97-114; Kelsen, Hans: Teoría Pura del Derecho; traducción de la segunda edición alemana de Roberto J. Vernengo, quinta edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1986. pp. 232-239; Kelsen, Hans: Teoría General del Derecho y del Estado; traducción de Eduardo García Maynez, tercera reimpresión, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983, pp. 135-144; Tamayo y Salmorán, Rolando: “El Derecho Consuetudinario y la Constitución” en los Cambios Constitucionales, Instituto de Investigaciones Jurídica, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1977; Quiroga Lavié, Humberto: “Los Cambios Constitucionales a través de la Costumbre y de la Jurisprudencia”, en los Cambios Constitucionales, cit. Pp. 109-135, entre otros.

[8] Teoría General del Derecho y del Estado, cit. P. 135.

[9] Kelsen, Hans: “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución”; traducción de Rolando Tamayo y Salmorán, en Anuario Jurídico I, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974, p. 511.

[10] La traducción literal es “El Defensor de la Constitución”.

[11] Consultamos versión reciente con excelente prólogo de Pedro de Vega, publicada por Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1983.

[12] Existe traducción italiana de Carmelo Geraci: “Chi dev’essere il custode della Costituzione”; en la Giustizia Costituzionale, Giuffre, Milano, 1981.

[13] Cfr. Cappelletti, Mauro: “Necesidad y Legitimidad de Justicia Constitucional”; traducción de Luis Aguirre de Luque y María García Rubio de Casas, en su obra La Justicia Constitucional, primera edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987; García de Enterria, Eduardo: La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1988, pp. 158-196; Sagües, Néstor Pedro: Derecho Procesal Constitucional; segunda edición, tomo II, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989, pp. 53-56.

[14] Lasalle, Ferdinand: ¿Qué es una Constitución?; traducción, W. Rces, Ediciones Siglo XX, Buenos Aires, 1980, p. 48.

[15] De Vega, Pedro: “Jurisdicción Constitucional y Crisis de la Constitución”; en su obra Estudios Político-Constitucionales, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1980.

[16] Idem; p. 301.

[17] Teoría General del Derecho y del Estado, cit., p. 160.

[18] Vid. Entre otros: Henke, Horst-Everhard: La Cuestión de Hecho. El concepto indeterminado en el Derecho Civil y su casacionabilidad; Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1979; García de Enterría, Eduardo: La Lucha Contra las Inmunidades del Poder; Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1983; García de Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández: Curso de Derecho Administrativo; tomo I, quinta edición, Editorial Civitas, Madrid, 1990.

[19] La tesis contraria es sostenida por los profesores García de Enterilla Fernández (op. Cit. Pp. 455-461). Nos alejaría de nuestro propósito rebatir esta tesis, considerada por la doctrina dominante superada. Vid. por todos: Igartúa Salaverría, Juan: “Unica solución correcta y conceptos jurídicos indeterminados”; en Reason in Law Proceeding of the Conference Held in Bologna, 12-15 december 1984, Volume two, Legal Philosophical Library, An Internacional Series of  Philosophy and Theory of Law, Edited by Carla Ferelli and Enrique Pattaro, Seminario Giuridico Della Universitá di Bologna, Milano, 1988.

[20] Lasalle, Ferdinand; cit, p. 70.

[21] Wroblewski, Jerzy: Constitución y Teoría General de la Interpretación Jurídica, traducción de Aranxa Azurza, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1988. p. 85.

[22] García Pelayo, Manuel: Derecho Constitucional Comparado; Manuales de la Revista de Occidente, Madrid, 1964, p. 102.

[23] Jueces y Constitución; traducción de Roberto Bercovitz; Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1987, p. 61.

[24] Cfr. García Enterría, Eduardo: La Constitución como Norma y el Tribunal constitucional; cit. P. 178.

[25] Idem; p. 176.

[26] Idem; p. 178

[27] Alonso García, Enrique: op. Cit; p. 9

[28] Para un estudio profundo sobre el particular, vid. Idem.

[29] Idem, p. 82

[30] “La Actividad y los Poderes del Juez Constitucional en Relación con su fin Genérico (Naturaleza Tendencialmente Discrecional de la Providencia de Actuación de la Norma Constitucional”; en su obra citada, p. 135.

[31] Idem, p. 149

[32] Toward Neutral Principles of Constitucional Law, Harvard Law Review, número 73, 1959.

[33] Positivism and the separation of law and morals, Harvard Law Review, número 71, 1958; publicado también en the Philisophy of Law edited by R. M. Dworking Oxford University Press. 1977; existe traducción de Javier Sainz de los Terreros en la Filosofía del Derecho, compilador R.M. Dworkin, Fondo de Cultura Económica, México, 1980.

[34] El Imperio de la Justicia. De la Teoría General del Derecho, de las decisiones e interpretaciones de los jueces y de la integridad política y legal como clave de la teoría y práctica; traducción de Claudia Ferrari, Gedisa Editorial, Barcelona, 1988, pp. 74-78.

[35] Op. Cit.; p. 114.

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